Como respuesta directa al giro que ha dado la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina bajo la administración de Donald Trump, un grupo de congresistas demócratas presentará este martes un proyecto de ley para anular formalmente la doctrina Monroe, uno de los pilares históricos de la relación de Washington con la región.
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La iniciativa, encabezada por las representantes Nydia Velázquez, de Nueva York, y Delia Ramírez, de Illinois, propone reemplazarla por un nuevo marco que han bautizado como la “doctrina del Buen Vecino” hacia América Latina y el Caribe. Los congresistas citan, entre otras cosas, intervenciones militares recientes de la administración en el hemisferio, incluida la operación que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En ese contexto, las legisladoras denuncian el surgimiento de lo que han denominado la “doctrina Donroe”, un juego de palabras que combina el apellido del expresidente James Monroe con el del actual mandatario republicano y que alude a una reinterpretación moderna y más agresiva del principio original.
Las legisladoras denuncian el surgimiento de lo que han denominado la “doctrina Donroe”. Foto:EFE
Proclamada en 1823, la doctrina Monroe estableció que cualquier intervención de potencias extranjeras en el hemisferio occidental sería considerada una amenaza para EE. UU. Aunque en su origen fue presentada como un escudo frente al colonialismo europeo, con el paso del tiempo se convirtió en un instrumento que sirvió para justificar las intervenciones políticas, económicas y militares de Washington en América Latina.
Durante décadas, el principio de “América para los americanos” fue invocado para respaldar golpes de Estado, ocupaciones y presiones diplomáticas en nombre de la seguridad regional. Ese enfoque comenzó a ser revisado durante la presidencia de Barack Obama, quien en 2013 declaró que la doctrina Monroe había quedado atrás y apostó por una relación basada, al menos en el discurso, en el respeto mutuo y la cooperación.
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Sin embargo, según denuncian los autores del nuevo proyecto, Trump no solo ha resucitado la doctrina, sino que también la ha dotado de un nuevo vigor, adaptada a las disputas geopolíticas del siglo XXI. Ese giro quedó plasmado en el documento sobre prioridades de seguridad nacional publicado por la Casa Blanca el año pasado, donde América Latina vuelve a aparecer como un espacio estratégico bajo la influencia directa de EE. UU. y se advierte sobre la presencia de actores “extrahemisféricos” como China, Rusia e Irán, que serían la versión moderna de la amenaza europea de antaño.
La propuesta legislativa presentada por Velázquez y Ramírez busca introducir cambios concretos en esa lógica. Entre ellos, plantea poner fin a las sanciones unilaterales, desclasificar archivos relacionados con golpes de Estado respaldados por Washington y promover una reforma de las instituciones financieras internacionales para reducir su sesgo histórico contra los países latinoamericanos.
La representante Delia Ramírez, de Illinois. Foto:Redes sociales de Delia Ramírez
El objetivo declarado es sentar las bases de una relación más equitativa y menos intervencionista. Pese a ello, las probabilidades de que la iniciativa avance a corto plazo no son altas.
Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes, aunque por un margen estrecho, y se espera que bloqueen una propuesta que cuestiona frontalmente la política exterior de la administración Trump.
Ese cálculo, sin embargo, podría cambiar después de las elecciones de noviembre si los demócratas logran recuperar el control de ese órgano legislativo y reequilibrar las fuerzas en el Capitolio.
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Más allá de su viabilidad inmediata, la propuesta tiene un valor simbólico, pues reactiva un debate histórico sobre el rol de EE. UU. en América Latina y expone las tensiones entre dos visiones opuestas: una que reivindica la hegemonía hemisférica y otra que busca dejar atrás un legado de intervenciones para construir una relación de socios.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
